Hoy, en las páginas de Madrid publica El País un interesante reportaje sobre las políticas privatizadoras de Aguirre en Madrid en lo que respecta a sanidad, educación y servicios sociales, y lo que están significando en el día a día del ciudadano. Se trata de una política liberal, a juicio de este periódico, “que pregona las bondades de la privatización desde que fuera concejal en Madrid y que ha respaldado abiertamente la concertación. Una fórmula inventada al universalizarse la sanidad o la educación para que los recursos privados complementasen a los públicos para llegar a todos, pero no para copar la cobertura”.Aunque en el reportaje se analizan extensamente estas tres grandes áreas, nosotros, por la propia ambición de este blog nos centraremos en el análisis de los Servicios Sociales. El diario concluye taxativo que “ahora, sólo 6.000 mayores viven en residencias públicas, igual que hace 15 años. El crecimiento en las camas ha sido a costa de la concertación o de la cesión del suelo a una empresa que construye y gestiona las residencias. Las denuncias por falta de personal, la mala calidad de los alimentos, las irregularidades en la dispensación de la medicación y la falta de material, como pañales, son más numerosas en las concertadas y privadas que en las públicas”.
“Las plazas residenciales para mayores en la región crecen y crecen, según el Gobierno regional (hasta 22.000 en 2009). En realidad, las personas mayores atendidas directamente por el Servicio Regional de Bienestar Social se mantienen estables, en torno a las 6.000 desde mediados de los noventa. Sin embargo, la modalidad que más aumenta es la del copago, la concertación con residencias privadas. Las personas que están en esta situación, o directamente en la gestión privada de recursos propios, han pasado de 10.931 en 2007 a 13.082 en 2008. Y subiendo en 2009, aunque todavía no hay una memoria oficial (de hecho la última publicada en Internet por la consejería es la de 2007, aunque el Consejo Económico y Social ya dispone de la de 2008). Los datos se resumen en el número de residencias propias: 42, en comparación con las privadas, 126”.
Para redondear el reportaje, se concluye con un artículo a favor de las privatizaciones y otro en contra.
La verdad, la que expresa el catedrático a favor (Pampillón) obvia el debate que se propone en el reportaje (servicios públicos), se remonta a Repsol y a Tabacalera y se centra en la privatización de Telemadrid, Caja Madrid y el Canal de Isabel II. Yo estoy de acuerdo en que se privatizaran las dos primeras, mas que nada por una razón de higiene democrática… Pero ¿estaría de acuerdo esa gran liberal que es Aguirre en hacer lo mismo? No, claro que no. No solo las quiere públicas, sino suyas…
En lo que se refiere al segundo artículo (Freire), destaca temas, que a mi juicio, son muy importantes:
- La mejor experiencia mundial nos dice que los países más avanzados lo son en gran medida porque tienen buenos servicios (educación, sanidad, etcétera), que son bien gestionados dentro del sector público.
- El tema clave a tener en cuenta, desde el punto de vista del interés general en relación a las privatizaciones, es su contribución o el riesgo que suponen para los objetivos y valores a los que responde el servicio público
- Otro criterio importante para evaluar las privatizaciones es la existencia de conflictos de interés a los que éstas pueden dar lugar. En este sentido es muy importante la naturaleza, con o sin ánimo de lucro, del destinatario final de la privatización. El conflicto potencial entre la búsqueda de beneficio y los objetivos del servicio público es tan importante que países como Holanda y Canadá tienen limitaciones severas a los servicios sanitarios del sector privado con ánimo de lucro.
Cuando algun liberal defiende los beneficios de las privatizaciones alegando que en el sector público se gestiona mal, olvidan o esconden decir que los del sector público no son marcianos o gente venida de otros planetas, son personas iguales que las que gestionan lo privado, con la misma formación y experiencia. El problema es que como en todas las empresas, en la administración hay buenos y malos gestores y jefes, tanto puestos técnicos como puestos políticos y de libre designación, pero esto ocurre también en el sector privado.
ResponderSuprimirEl técnico puede opinar que tal cosa se debe hacer de tal o cual manera, pero el cargo político puede entender que se haga de otra. Y si sale bien el político puede tener la tentación de salir a alardear de lo bien que lo ha hecho y si sale mal le dirá a los funcionarios que son muy ineficaces. Por ejemplo en la gestión de licencias del Ayto de Madrid, se crea una tramitación, dentro de lo público, muy complicada y con insuficiente personal, evidentemente funciona mal, y luego se les da la empresa privada, a los que se les pone menos pegas, se les facilita más la gestión, esa empresa contratará a empleados con sueldos bajos, y el empresario tendrá su beneficio, y su negocio asegurado, gestionando algo público. ¿no habrá sido más fácil evaluar con interés el porqué de ese mal funcionamiento, mejorarlo y dejarlo en manos públicas, y de paso nos habríamos ahorrado que ese beneficio se lo lleve alguien privado, y que esos empleados no tengan peores condiciones laborales? O quizá lo que en el fondo interesa es partiendo de la premisa de que lo privado es mejor, ir llevando a manos privadas cuestiones públicas, que esos empresarios tengan una oportunidad de negocio y de paso tener más trabajadores con condiciones laborales más precarias, que a la larga, se enfadarán quizá no con con esos jefes que son los que se benefician de ellos, sino con esos funcionarios que son tan "vagos", y así el Capital de paso separa y divide a los trabajadores.
Son muy hábiles estos liberales que se meten en lo público para dinamitarlo desde dentro.
Aunque en lo esencial estoy de acuerdo con Uno de Cuenca, tampoco debemos olvidar que algunos funcionarios se creen que su trabajo consistía en aprobar una oposición y punto.
ResponderSuprimirAlgunos problemas se solucionarían si los propios funcionarios se revelasen contra sus superiores o hiciesen saber al resto de ciudadanos las presiones a las que (se supone) que están sometidos por parte de la clase política.