No quiero dejar pasar hoy sin comentar la segunda parte del reportaje publicado ayer en El País por Carmen Morán, que podéis ver aquí. Y es que bajo el impactante titular de que la crisis eleva un 36% la petición de ayuda en los servicios sociales hay bastantes materias que invitan a la reflexión. Vayamos por partes.
Los datos a los que hace referencia el reportaje son de 2009. Y es que si los años precedentes había crecido la demanda entre un 7 y un 15%, en 2009 fue de un 36%. ¿Y ahora? Miedo me da pensarlo… Que los mayores y las familias son los dos colectivos que más ayudas demandan y reciben, nos llevan a pensar dónde se está cebando especialmente la crisis.
¿Y qué efectos tiene esta demanda en aumento? Pues que los servicios sociales de atención primaria que son tradicionalmente atendidos por las administraciones locales han aumentado el número de “pacientes” sin hacerlo el número de profesionales. Eso hace que “los algo más de 4.000 trabajadores tocan a unos 1.500 usuarios al año. Eso ralentiza el tiempo de espera o disminuye el horario de la consulta, lo mismo que en la sanidad. A ello hay que sumar los trámites de la Ley de la Dependencia, que también se gestionan en un primer momento en estas oficinas”.
¿Y en lo que se refiere a los presupuestos destinados a tal fín? Pues a la baja. “La financiación que destina el Gobierno para los servicios sociales básicos a través del llamado Plan Concertado, se ha recortado este año. Los siempre escasos 97 millones que se recibían se han visto rebajados en nueve. A estos presupuestos suman los suyos las comunidades y las corporaciones locales: en total se destinan más de 1.000 millones de euros”. A todas luces insuficiente y en un entorno en el que todas las administraciones tratan de reducir sus presupuestos y pasar la bola a otra administración, los servicios por los que se peleaban un par de años antes.
Luis Barriga, amigo habitual de este blog y miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales comenta que “el desbordamiento de la atención primaria no lo es tanto por el volumen de personas solicitando ayuda, como por la práctica inexistencia de políticas protectoras decididas, ágiles y globales. Se ha avanzado algo en sistemas de garantía de renta básica como derecho de ciudadanía, pero de una manera insuficiente y dispersa. Que los servicios sociales públicos deriven muchas de estas situaciones a las ONG, por muy encomiable que sea su labor, es una situación que raya en lo vergonzoso para un Estado social moderno como pretende ser el nuestro”. Cuánta razón tiene. Y es que desgraciadamente y de nuevo, los servicios sociales son un índice muy preciso de la calidad ética de una sociedad.
Y para terminar, aconsejar la lectura del artículo de José Manuel Ramírez Navarro, Una nueva figura a proteger, que podéis ver completo aquí. Yo me quedo con su párrafo final: “Los servicios sociales pueden desempeñar un papel de intervención activa y de mediación, y abordar situaciones de mayor calado y de índole preventiva y promocional. Le interesa a las familias, a los poderes públicos, a las entidades financieras, al poder judicial... Pero para eso es preciso considerar las políticas sociales como políticas de Estado”. El problema es que eso, políticas de Estado son tan necesarias en tantas cosas… y parece que tanto PP como PSOE siguen más preocupados en las políticas que solo a ellos benefician.
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