Las últimas noticias que vamos recibiendo en relación a los recortes sociales son muy preocupantes. Hace un par de días conocimos la denuncia pública de FEAPS respecto a la demora de apróximadamente un año en los pagos a los centros de discapacidad intelectual, que ponen en riesgo su viabilidad. Y las señales que nos llegan desde Cataluña no son precisamente buenas.
Mi opinión es que con independencia de la nefasta gestión del tripartito catalán y su locura nacionalista (embajadas, doblajes, etc.), la verdadera cara de lo que nos llegará a todos los españoles después del 20N es la que se está haciendo visible en Cataluña.
Y es que la mayoría de las CCAA están bastante calladitas, salvo las que han cambiado de bando recientemente, donde es más fácil culpar al anterior que reconocer la inviabilidad del sistema. Y es que Cataluña tiene un problema de deuda, de déficit y de liquidez. Y como no se la juega tanto el 20N como socialistas y populares (se la juega pero depende más de si el PP obtiene mayoría absoluta o no), se puede permitir el lujo de mostrar su verdadera cara.
Por eso anuncian el recorte salarial de médicos y enfermeros (que sea media paga extra no significa que no sea salario, que a veces los titulares tienen un sesgo explosivo) o congelan temporalmente los pagos a hospitales y geriátricos. Lo cual es muy grave.
Es el colmo que leamos en El País que el departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat haya “comunicado a los geriátricos y otras residencias concertadas que no recibirán un solo euro de subvención hasta dentro de dos meses” ¿Subvención? Eso es lo que reciben sindicatos, partidos políticos, asociaciones afines, etc. En estos casos, estamos hablando de un servicio que prestan determinadas organizaciones en virtud de un concierto. Y por tanto es como si lo realizara directamente la administración. Lo que están anunciando es que se siga prestando ese servicio pero que lo paguen los demás. Qué majos. Vamos, como si nos anunciaran que durante dos meses no tendríamos policía, salvo si la pagamos a escote entre todos los ciudadanos. Intolerable.
Tenemos que estar alerta a los recortes que vienen. Hay todavía muchas áreas en las que es posible recortar. El sobrecoste por ineficacia (gastos superfluos, duplicidades, etc.) del estado autonómico actual lo estimó UPyD en 26.000 euros al año. Lo primero que habría que hacer sería reformarlo. En lo que creo fuertemente es que no debe haber recortes en los servicios esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), precisamente ahora. No hay que pensar qué prestaciones deben suprimirse sino cómo deben prestarse y cómo mejorar en eficacia para asegurar su viabilidad. Esa es la vía.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada