Sobre apoyos a familias con dificultades económicas

Ayer concluí con las Comisiones del mes de octubre. Realicé dos intervenciones, una en contestación a una comparecencia del Consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, y relacionada con las ayudas existentes para personas con dificultades económicas (que os copio más abajo) y otra con el nuevo Reglamento de Extranjería y su aplicación en la Comunidad de Madrid, en contestación al Viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández Rojas. Durante los próximos días haremos un repaso a la Dependencia en el blog.

Gracias señor Presidente. Buenos días a todos, señorías. En primer lugar quiero saludar al señor Consejero y comentarle que valoro mucho que asista usted hoy a petición suya y empiece cumpliendo la promesa que realizó en la sesión conjunta del pasado septiembre de comparecer a menudo en Comisión.

Hoy nos ha hablado de los apoyos que presta el Gobierno de la Comunidad a las familias con más dificultades económicas en nuestra región y ha resaltado que es una preocupación de su Gobierno. Asimismo nos ha dado una explicación detallada sobre los apoyos existentes, con muchas cifras que tendremos que digerir y que le agradecemos especialmente, aunque ya dedicó un espacio importante de su comparecencia inicial a hablarnos de este asunto.

Compartimos con usted que las políticas sociales son por naturaleza transversales y son factores muy diversos los que influyen en la producción de un efecto que nosotros no deseamos: la desigualdad social. La salud, la violencia, el acceso a la vivienda, la educación, etc. son factores que influyen de manera muy importante en la desigualdad.

Y es que, señorías, las desigualdades sociales en nuestra Comunidad han crecido en los últimos años de manera alarmante.

Los datos que el Informe FOESSA publicó en otoño del 2008, ya destacaban la singularidad de la Comunidad de Madrid en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. La crisis no ha venido más que agudizar esa situación. Y es que teniendo un índice medio de pobreza moderada (inferior en cualquier caso a la media nacional) y ser una de las regiones con mayor renta media de España, presenta altos índices de desigualdad social si la comparamos con el resto de Comunidades Autónomas.

El modelo de desarrollo social de la Comunidad de Madrid es un modelo extremo: una muy alta pobreza extrema y mucho mayor nivel de vida que el resto del país, pero mucho peor distribuido que la mayoría de las comunidades autónomas

El gobierno regional tiene que reflexionar si además del esfuerzo presupuestario destinado a hacer frente a situaciones de exclusión social, que reconocemos que realiza, sus políticas contribuyen a aumentar o reducir la desigualdad social en nuestra Comunidad. Nosotros creemos que las aumenta.

En relación a la Renta Mínima de Inserción, consideramos que sus objetivos se cumplen solo en parte. Estamos de acuerdo en considerar que la Ley 15/2001 de Renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid es una ley positiva que supuso un gran avance al incrementar la cuantía de la prestación económica y ampliar el nivel de cobertura de la protección, pero sobre todo porque elevó a derecho subjetivo tanto la prestación económica como la protección social, además, un derecho subjetivo a percibir esta renta.

Y es que esta ley reconoce, junto a un nivel de ingresos mínimos, la recepción de apoyos personalizados para la inserción laboral y social y una atención prioritaria en el acceso a medidas de empleo y formación ocupacional, salud, compensación educativa, educación y vivienda.

En estos momentos, usted ha destacado que serán casi 17.000 a final de año las personas perceptoras del RMI (Renta mínima de inserción) y que se la conceden a todas las personas que así la solicitan. Nosotros le creemos, pero también conocemos que el procedimiento es excesivamente largo y se están produciendo unos increíbles retrasos que perjudican la efectividad de un recurso que por naturaleza debe ser rápido y sencillo. Un plazo que debería ser de 3 meses en muchos casos se convierte en un peregrinaje continúo por las oficinas de servicios sociales, lo que convierte los plazos reales en superiores a 10 meses.

En una comparecencia de la Directora General de Servicios Sociales en esta Comisión a principios de este año, comentó que se estaba introduciendo una nueva aplicación informática que permitiera que los ayuntamientos trabajaran directamente con estas solicitudes, lo que redundaría en una mayor agilidad. Queremos saber dónde estamos con este tema y qué medidas piensan tomar para agilizar estos expedientes

Los perceptores del RMI han aumentado en los últimos años (lo cual no nos sorprende), igual que el presupuesto dedicado a este tema. Nos sorprende que el número de perceptores sea el que es, porque representa un porcentaje muy pequeño de las personas que tienen necesidades (no me atrevo a dar un porcentaje pero algunos expertos hablan de aproximadamente un 3,5%), pero suponemos que son los que son y lo único que podemos hacer es realizar un esfuerzo adicional para que esta prestación sea más conocida y llegue a más personas que lo solicitan. Asimismo, nos preocupa que como consecuencia de la crisis económica los requisitos de acceso se puedan endurecer.

Aprovecho para comentar la posición de nuestro partido en relación al RMI. Las cantidades son muy diferentes en función de la Comunidad Autónoma de residencia. Por eso apostamos por homogeneizar las rentas mínimas de inserción de las Comunidades autónomas, que implican en la actualidad una importante discriminación entre los ciudadanos españoles por sus diferentes requisitos y cuantías. Proponemos la suma de esfuerzos entre la administración central y las autonómicas con rentas de inserción en dos fases: una primera activa (estatal) y una segunda mínima (autonómica). El Estado coordinará a las Comunidades para que los requisitos de admisión, la duración y la cuantía sean similares en toda España

Se nos olvida muchas veces resaltar adecuadamente la importancia que tiene dentro del RMI un segundo objetivo, que es el derecho a apoyos personalizados para la inserción laboral y social. De hecho, la Ley reserva un título completo a estas Medidas de inserción.

Los proyectos de integración son una de las medidas fundamentales establecidas en la ley del RMI y pretenden hacer efectivo el derecho a los apoyos personalizados para la inserción, desde un concepto transversal y participativo, que permitan una más rápida y eficaz integración social. Están promovidos por organizaciones sociales y se destinan a suplir carencias, mejorar hábitos diarios y procurar una formación adecuada para el acceso al empleo.

Tengo que decirle, señor Consejero que consideramos que este segundo objetivo se está llevando a cabo. Usted ha comentado el número de proyectos, 67 en 2010 y 2011; número de personas participantes (3.528) y número de inserciones laborales que están participando (un 35). El objetivo último (inserción laboral) no se está cumpliendo satisfactoriamente (en parte por la propia situación económica) y nos gustaría saber si comparte nuestra visión y si desde el ejecutivo están pensando qué medidas es necesario tomar en este sentido.

En relación a los Planes de integración y como consecuencia de que los recursos adecuados muchas veces se encuentran alejados del lugar de residencia del solicitante, es por lo que mi grupo ha presentado recientemente una propuesta que suponga una reducción en el precio del abono transporte.

Finalmente y todavía relacionado con el RMI, nos gustaría que nos ampliara la información acerca de los cambios en los perfiles del solicitante de la prestación. Nos comentan en los servicios municipales, que el demandante ya no es el clásico demandante de servicios sociales, con baja formación y escasa cualificación y cada vez lo demandan personas con perfil formativo más alto, que sobre todo demandan la percepción económica. ¿Ha supuesto este nuevo perfil algún cambio en la manera de diseñar los planes de integración? ¿Es necesario hacerlo? Son preguntas que mi grupo se hace.

Asimismo y para terminar, nos gustaría conocer en detalle los planes de su Consejería con la situación de los barrios de exclusión extrema y especialmente en la Cañada Real, que es el rostro más llamativo de la exclusión social en la Comunidad de Madrid. ¿Hemos avanzado algo en el último año?